Hasta casi la mitad de latinoamerican@s son abastecid@s de agua por organizaciones comunitarias. Sus propios usuari@s las gestionan democrática y sosteniblemente, en un modelo que supera la ineficiencia de los Estados y la voracidad de las corporaciones. Su creciente importancia democrática y económica atrae la atención de instituciones y especialistas internacionales, incluyendo premios Nobel de economía.

40 millones de latinoamerican@s son atendidos por casi 80.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), y podrían atender otros 18 millones, en un continente con 50 millones de personas sin acceso a agua potable, y 125 millones sin servicio de saneamiento básico.

En algunos países, casi 5 personas de cada 10 reciben agua segura de OCSAS. Otra cantidad similar la reciben de empresas del Estado. Sólo 1 de cada 10 personas tiene agua con servicios privados. Ese es el caso de Bolivia, Ecuador, Paraguay, y Salvador. Las OCSAS atienden un promedio de entre 3 y 4 de cada 10 personas, en países centro-americanos y andinos.

Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, afirmó que “no solamente proveen servicios esenciales de acceso al agua”. En su opinión, ayudan a lograr el auto-gobierno local, lo que después puede aplicarse para resolver otros problemas públicos. Ostrom estimuló a aprender como “mejorar la estructura y operación de miles de OCSAS”, que han resuelto problemas difíciles y desafiantes.

El reconocimiento a las OCSAS tiene implicancias políticas y económicas, opinan especialistas. Generalmente no se las invita, cuando se va a redactar legislación sobre el agua, porque no son actores políticos plenamente reconocidos, ni figuran en el radar institucional tradicional.

Las OCSAS organizan la sociedad civil, articulándola con el sector público y privado, para acceder al agua. Generalmente, son creadas por grupos de vecinos, en zonas peri-urbanas y rurales, carentes del servicio de las empresas públicas o privadas, que atienden las grandes ciudades.

Recurren al auto-gobierno, al trabajo mancomunado, y a la elección democrática de líderes. Estos normalmente no reciben remuneración, trabajando por vocación y compromiso social. Además, rinden cuentas de sus acciones, ante asambleas públicas.

En algunos casos, logran proveer agua apelando a mecanismos constitucionales existentes, aplicando adecuada y perseverantemente sistemas democráticos. Así lo demuestra el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, en Buenos Aires, Argentina, afectada por desechos de 20.000 industrias, y cloacas de 2 millones de habitantes.

Un grupo de vecinos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia, ésta se declaró competente en daño ambiental colectivo. La sentencia declaró responsables a los gobiernos de la Nación, la Provincia, y la Ciudad. Además, estableció que los 3 gobiernos debían recomponer la cuenca. El programa obligatorio de la sentencia establece la extensión del servicio de agua potable a toda la cuenca y, también, un plan de mejoras de viviendas. Por lo tanto, disminuye el riesgo sanitario y crea fuentes de trabajo.

Además, la Corte institucionalizó una fuerte participación ciudadana, en el control del cumplimiento de la sentencia. Lo hizo reconociendo y valorizando la acción comunitaria previa, que incluye grupos de vecinos, ONGs, y el Defensor del Pueblo. El avance del programa obligatorio de la sentencia, ya logró que más de un millón de habitantes de la cuenca reciban agua, con la misma calidad que la del barrio más rico de Buenos Aires.

Hay casos de articulación de la sociedad civil para efectivizar sus derechos, mediante múltiples alianzas, que incluyen gobiernos. Así ocurre en el Semi Arido Brasileño, una de las regiones más desérticas del continente. El período sin lluvias dura hasta 8 meses al año.

Además de escasa, el agua es de muy mala calidad, causando muchas enfermedades. El agua y la tierra, concentradas en pocas manos poderosas, fueron ofertas electorales centrales, incumplidas históricamente.

Ahora, en el Semi Arido Brasileño, casi 2 millones de personas logran acopiar agua en cisternas familiares. Se debe a la red Articulación de la Región Semiárida Brasileña (ASA), compuesta por 1.000 organizaciones. Actúa con diversas alianzas, incluyendo el gobierno federal y de los estados.

Las cisternas familiares captan agua de lluvia en techos de viviendas, almacenando 16.000 litros. Con tecnología apropiada, resuelven el problema por ser baratas, de fácil construcción, mantenimiento, y limpieza. Ya se instalaron 350.000, pero el plan es llegar a un millón, descentralizando y democratizando el acceso al agua.

Transparente, democrática, e inter-institucionalmente, se elige las familias beneficiarias, siguiendo criterios acordados. Se considera la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar, por familia. Igualmente, los menores de 6 años y los mayores de 65 años. También se toma en cuenta si en la familia hay personas con necesidades especiales, mujeres jefas de hogar, e ingreso por persona de medio salario mínimo.

Los datos fueron conocidos en el II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento, recientemente realizado en Cusco, Perú. Además de OCSAS, participaron gobiernos, empresa privada, cooperación internacional, e instituciones multilaterales, como el Banco Mundial.

En el evento también se exploraron innovaciones financieras para OCSAS, acordes con la función social que cumplen. Igualmente, se presentó el libro Modelos de Gobernabilidad Democrática del Agua en América Latina, que describe ampliamente el modelo de las OCSAS, así como el caso de Mantazos y del Semi Arido Brasileño.